La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara, Estrella Martínez Soto, invitó hoy, lunes, al secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo a unir esfuerzos para exigir la aprobación del Proyecto de la Cámara 899, que busca crear la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo y el Gas Natural”.
La legislación propuesta por Martínez Soto fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Representantes el pasado mes de abril de 2022.
“Desde la Cámara de Representantes hemos dejado meridianamente claro que la obligación de DACO es actuar en protección de los consumidores. El Proyecto 899, atendido por esta servidora, persigue robustecer las capacidades fiscalizadoras de la agencia y establecer un procedimiento expedito para que el Departamento de Justicia atienda los referidos relacionados a la industria del gas licuado. Hemos sido diligentes en la atención de esta medida y extendemos una invitación al secretario designado a que se una a los esfuerzos de mi Comisión para que la medida sea aprobada en el Senado durante la próxima sesión ordinaria que da comienzo en el mes de enero”, destacó la representante de los municipios de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas.
Según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 899, actualmente, la situación en Puerto Rico es particular, ya que para el 2019, la empresa Puma abandonó el mercado del gas licuado, quedando el mismo en manos de dos empresas: Empire Gas, quien controla el 75 por ciento del mercado, y Tropigas, que controla el 25 por ciento.
La autora de la medida insiste, que esa realidad en el mercado es de gran preocupación “pues dicha constitución del mercado provee las condiciones perfectas para que se dé un monopolio, se establezcan precios arbitrariamente, y se vulnere los derechos de los consumidores”, rezó la argumentación de la legislación.
Durante la pandemia del COVID-19, para diciembre de 2020 el precio del gas licuado aumentó en $3.00 por tanque de 100 libras. Esto, sin cumplir con los procesos establecidos por el DACO para estos asuntos.
Luego de una extensa y prolongada investigación sobre el aumento al tanque de gas licuado, la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado incurrió en prácticas ilícitas de discrimen en precios.
La legislación propuesta por Martínez Soto establece un término de 180 días para que el Departamento de Justicia atienda los referidos relacionados a la industria del gas licuado.
El Proyecto de la Cámara 899 fue atendido en vistas públicas y la Comisión de Asuntos del Consumidor consideró ponencias del DACO, Departamento de Justicia, Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), Federación de Distribución de Gas Unidos de Puerto Rico (FEDIGAS), Asociación de Industriales del Plan, Tropigas de Puerto Rico, Inc., Empire Gas Company, Inc., y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORES).
“Luego de un proceso evaluativo sobre el contenido vertido en las vistas públicas, esta Cámara de Representantes continúa entendiendo meritorio adoptar urgentemente la presente Ley, a fin de dejar claro las obligaciones de informar y de cumplir con las órdenes de DACO que tienen todos los miembros de la industria del gas licuado en Puerto Rico, a la luz de las leyes y reglamentos de DACO vigente”, resaltó Martínez Soto.
“Mi meta como presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor es proteger y garantizar que los consumidores no sean víctimas de conductas leoninas, sobre todo en tiempos de crisis como lo ha representado la pandemia del COVID-19”, añadió la legisladora.
Durante la tarde de hoy, Martínez Soto se reunirá con el secretario designado del DACO para discutir la posible aprobación del Proyecto de la Cámara 899, entre otros asuntos.
